Alquiler a ciegas en Valladolid

Un caso grave de vulneración de derechos del Ayuntamiento

Este artículo es parte de Antivirus, el título de una serie que el periodista publica semanalmente desde abril de 2015.

«No es posible visitar la vivienda con anterioridad a la firma del contrato». Ver para creer. El Ayuntamiento de Valladolid, a través de su sociedad VIVA, impide a los inquilinos con menos ingresos ver el piso antes de rubricar el contrato de alquiler. Les obliga a firmar a ciegas y, si rechazan el inmueble, les penaliza con cinco años de inhabilitación para optar a otra vivienda social, según recoge el Protocolo de Acceso a la Vivienda en Alquiler Municipal de VIVA.

La sinrazón es tal que incluso les hace firmar una cláusula en la que el futuro arrendatario declara que «conoce, acepta y se somete» a unas condiciones que, a juicio de este periodista, vulneran la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda (artículos 30 y 31), la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (artículos 60 y 89) y, posiblemente, la propia Constitución (artículos 47, 51 y 103.1). Y es que la empresa municipal del Consistorio vallisoletano -controlada por PP y Vox- impone al adjudicatario del piso dar por bueno un estado que él nunca podrá comprobar de antemano: «Que la vivienda se encuentra en buenas condiciones para el uso residencial».

El inquilino más vulnerable de cuantos pueden hoy acceder a una de estas viviendas públicas desconocerá antes de firmar cuál es el inmueble donde va a vivir con un precio más asequible y cuál es su estado. Como mucho le dirán la calle, pero le ocultarán el número y el piso. Y sólo después de firmar el contrato podrá visitar la vivienda y ver su estado de habitabilidad.

Antes de firmar el contrato, e incluso antes de aceptar la vivienda, al futuro inquilino sólo le muestran unas fotografías desactualizadas que no garantizan la realidad del inmueble; y ni siquiera podrá conocer la fecha del reportaje fotográfico.

La Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo de Valladolid (VIVA) ofrece cinco programas diferentes. El de las llamadas ‘viviendas blancas’ para ‘colectivos en situación de vulnerabilidad’ es el único que, antes de firmar el contrato e incluso antes de aceptar la vivienda, oculta al inquilino el estado real de su futuro hogar. El protocolo aprobado por VIVA el 19 de diciembre de 2024 establece en su punto 4.3.2 que se indicará la zona o calle, pero nunca el portal u otros datos que permitan identificar la vivienda. Este abuso de poder del “casero” municipal no pasa con las llamadas “viviendas verdes” (más renta, más ingresos), ni con el general propiamente dicho, ni con el de mayores de 65 años, ni con el de menores de 36. Sólo en el de las rentas más bajas, el de los inquilinos con menos ingresos.

Una de las víctimas de esta arbitrariedad se llama Paloma. VIVA le asignó en la convocatoria de 2024 una vivienda de 54 metros en la calle Caamaño del barrio de Delicias de Valladolid por 219,28 euros mensuales. No pudo saber ni el número ni el piso de la calle. La empresa pública le dio un pequeño plazo para aceptar la vivienda al tiempo que le entregó fotocopias del protocolo y del borrador del futuro contrato. Y le mostró un reportaje fotográfico desactualizado.

El 11 de agosto del año pasado firmó la aceptación de la vivienda previo ingreso de un mes de fianza. Ese mismo día, la futura inquilina registró un escrito de queja en VIVA y en el propio Ayuntamiento donde dejaba constancia de sus desacuerdos: “Me obligan a firmar un contrato sin ver la vivienda ni el estado real ni su contenido en el momento del contrato”.

En su reclamación, Paloma advertía al Consistorio que dirige Jesús Julio Carnero (PP) que VIVA le obliga a firmar “algo imposible de comprobar”: que el reportaje fotográfico mostrado en las oficinas de la sociedad coincide con el estado real de la vivienda que no le dejan ver. Todo un esperpento con el colectivo más vulnerable. Porque ni siquiera el día que acepta la vivienda le garantizan que las imágenes muestren la realidad del momento.

La futura inquilina de esta “vivienda blanca” expresa sus dudas sobre el criterio de baremación (advierte de que se le excluye de otros programas pese a que sus ingresos por dos trabajos precarios no se contemplan). Pide que se le permita ver la vivienda y no sólo las fotos, que le den un plazo mayor de diez días para verificar el buen funcionamiento de la calefacción y de otros servicios (salubridad de la vivienda) tras la firma a ciegas del contrato… La respuesta a su queja es un “no” rotundo: “No es posible visitar la vivienda con anterioridad a la firma del contrato (…) Las condiciones de las viviendas se consideran adecuadas (…) El plazo para comunicar anomalías está fijado en el protocolo…” Lo firma Loreto de la Fuente, gerente de VIVA.

El pasado martes se cumplió un año desde que Paloma firmó la aceptación de la vivienda. Sin embargo, el Ayuntamiento aún no le ha entregado el piso ni le ha llamado para firmar el contrato.

Tras varios intentos telefónicos infructuosos para recibir explicaciones, hace dos meses registró otro escrito para que le aclaren las razones de un inexplicado retraso. Le habían dicho que le darían la vivienda cuando fuera revisada por los técnicos de VIVA y corregidas sus deficiencias, en un plazo no superior a cuatro meses. Ahora, en respuesta a su carta, alegan trabajos de adecuación para garantizar “la habitabilidad” del piso sin garantizar una fecha concreta de entrega.

Este cúmulo de desprotección de derechos y falta de garantías hacia el colectivo con menos ingresos es obra del consistorio actual (PP-Vox). El protocolo de 2022, aprobado por el anterior gobierno de PSOE y Valladolid Toma la Palabra (VTLP), sí permitía ver los pisos antes de firmar el contrato. Esa redacción se mantuvo en el protocolo de 13 de octubre de 2023, disponible en la web de VIVA. El actual equipo de Jesús Julio Carnero (PP), liderado por el concejal José Ignacio Zarandona, eliminó este derecho en diciembre de 2024 y se ha negado en redondo a rectificar, pese a las exigencias de los dos grupos de la oposición: el 29 de julio de 2025 y el 28 de mayo de 2026. La crítica de las izquierdas en el consejo de administración apela a “la diferencia de trato”, a que “ni siquiera se permite visitar el inmueble y conocer la ubicación” y a que se produce una “estigmatización” de los destinatarios de las “viviendas blancas”.

Estas actuaciones arbitrarias y opacas ya han generado malestar e indignación en otros inquilinos que han recibido viviendas “inhabitables” por hacerles firmar a ciegas.

Se da la paradoja de que el mismo día que el Consejo de Administración de VIVA cambió el protocolo para imponer un “discriminador” criterio de arraigo (tres años de empadronamiento previo) en el derecho a una vivienda social rechazó recuperar (a petición de la oposición) la posibilidad de que los inquilinos vulnerables comprueben dónde van a vivir.

En definitiva, un cúmulo de anomalías: una administración pública que desprotege de derechos y discrimina al más débil, que, a juicio del autor, incumple leyes, que acumula retrasos injustificados sin dar explicaciones de la demora por iniciativa propia… Una deficiente e injusta gestión del Ayuntamiento de Valladolid ante el principal problema de los ciudadanos: la vivienda.