Más allá del descuento: La letra pequeña de los bonos comerciales en Valladolid

Aunque las campañas de bonos de descuento en el comercio local suelen tener buena acogida por los bolsillos vecinales, un análisis detallado del dinero público invertido revela que estas iniciativas sirven para consolidar un circuito cerrado de toma de decisiones entre el Ayuntamiento y las patronales del comercio, dejando fuera del debate la defensa de los consumidores y las condiciones laborales en el sector.

A todo el mundo nos viene bien un descuento, especialmente si es en un contexto de encarecimiento de la vida, y a cualquier vecino o vecina de Valladolid puede parecerle atractivo ahorrarse unos euros en la compra de unos zapatos, un abrigo o unos alimentos frescos en el mercado del barrio gracias a campañas como el Bono Próximo o el Bono Mercado.

Son iniciativas que suelen presentarse bajo la bandera de la defensa del comercio de proximidad y que, sobre el papel, generan una simpatía casi unánime.

Sin embargo, cuando se trata de gestionar el dinero de todos, conviene levantar la alfombra de la propaganda institucional para analizar si estas políticas responden realmente al interés general o si, por el contrario, únicamente sirven para financiar objetivos privados con recursos públicos.

El pasado mes de abril, el Ayuntamiento de Valladolid aprobó, un año más, una partida de 394 mil euros destinada a financiar el convenio con la Cámara de Comercio y las dos patronales provinciales del sector: la Federación de Comercio de Valladolid (FECOSVA) y la Agrupación Vallisoletana de Comercio (AVADECO) El objeto oficial es la “organización de actividades de promoción comercial”. Una partida que existe desde hace muchos años pero cuya cuantía ha crecido de forma significativa.

Llama la atención, en primer lugar, que esta actividad de promoción comercial no constituye una competencia propia o atribuida directamente al Ayuntamiento por la ley, ni tampoco es una competencia delegable, como reconoce la propia documentación de la convocatoria municipal.

Y a pesar de ello, se desvían anualmente cientos de miles de euros de los impuestos de los vallisoletanos para sufragar campañas de marketing y de descuentos de empresas privadas con la finalidad de incentivar sus ventas.

Un circuito cerrado y sin control de resultados

Esta inyección de dinero público no es el resultado de un análisis riguroso o de una auditoría científica sobre el impacto real de las campañas anteriores.

No disponemos de estadísticas públicas detalladas sobre qué tipo de artículos se adquieren mayoritariamente, qué perfil socioeconómico tienen las personas beneficiadas, qué tipo de comercios (franquicias locales frente a pequeños comercios familiares de barrio periférico) se quedan con la mayor parte del pastel, o de qué manera se reparte este dinero entre las zonas de la ciudad y cómo contribuyen a la revitalización de las zonas urbanas más castigadas por la gentrificación.

A la falta de transparencia se suma un serio problema de gobernanza. Para gestionar y supervisar estos fondos se crea una comisión de seguimiento integrada únicamente por el concejal del área de Comercio y por representantes de las tres entidades patronales beneficiarias. Es decir, quienes diseñan y reciben las ayudas son exactamente los mismos que se encargan de supervisar su correcto desarrollo.

Las preguntas surgen de inmediato: ¿Dónde están en este espacio de decisión las asociaciones de consumidores? ¿Dónde están las organizaciones sindicales que representan a las miles de personas empleadas en el sector? ¿Dónde están los colectivos vecinales o cualquier otra representación de la sociedad civil? El modelo actual excluye a la sociedad del diseño, seguimiento y evaluación de unas actividades que se pagan con su propio dinero.

La paradoja es aún mayor si comparamos los presupuestos. Mientras que este convenio de fomento comercial con la patronal roza los 395.000 euros, la partida municipal destinada a subvencionar a las Asociaciones de Consumidores de la ciudad es de tan solo 10 mil euros.

El mensaje político es nítido: la rentabilidad empresarial de unos pocos es una prioridad presupuestaria para el ayuntamiento; la protección, formación y defensa de los derechos de quienes consumen, una anécdota.

El olvido de las condiciones laborales

Frecuentemente, estas ayudas se justifican bajo la promesa de la generación y mantenimiento del empleo local. El comercio es, sin duda, un motor económico esencial para la vida de los barrios. Pero resulta ingenuo asumir que cualquier ayuda directa a las patronales se traduce automáticamente en una mejora de la calidad de vida de las plantillas.

El sector del comercio no destaca precisamente por ser un ejemplo de condiciones laborales óptimas: la alta temporalidad, los salarios ajustados, la dificultad para conciliar la vida laboral y familiar y la creciente desregulación de horarios son problemas estructurales que sufren cada día miles de trabajadoras y trabajadores de la ciudad.

Por no hablar de que la negociación del convenio colectivo de comercio de Valladolid se encuentra en este momento empantanada, como se explica en este reportaje de TVCyL.

Si el Ayuntamiento decide intervenir en la economía local inyectando dinero público en algunos sectores empresariales (el comercio no es el único), lo mínimo que debería exigir son compromisos claros y verificables: contrapartidas en la calidad del empleo, mejoras salariales, fomento de la contratación indefinida o planes de conciliación. Sin embargo, no hay ni un solo requisito laboral asociado a la recepción de estas ayudas.

Nadie discute que las asociaciones empresariales cumplen un papel legítimo en la defensa de sus asociados. Lo que resulta políticamente cuestionable es que la administración municipal asuma esos intereses particulares como una prioridad propia, financiando campañas estacionales que, además, se extienden incluso a los turistas que visitan la ciudad.

Dinero de los contribuyentes vallisoletanos destinado a rebajar las compras de quienes están de paso, bajo una lógica de “vender por vender” que ignora los principios de la ética del consumo y del comercio responsable.

Es el momento de replantearnos colectivamente qué entendemos por políticas públicas de comercio. Una ciudad no es mejor ni más habitable simplemente porque sus tiendas vendan más. Una ciudad es mejor cuando sus instituciones diseñan medidas que benefician al conjunto de la ciudadanía, cuando reducen las desigualdades, cuando educan en el consumo responsable y cuando garantizan que cualquier actividad económica apoyada con dinero público genere empleo digno, estable y con derechos.

Y, lamentablemente, nada de esto se consigue repartiendo bonos de descuento.