Al mismo tiempo, el consistorio bloquea proyectos clave en vivienda social y las mejoras de movilidad de Ariza y Arco de Ladrillo.

El espejismo fiscal: el IBI baja pero el “tasazo de basuras” bate récords

Para el bolsillo directo de los vallisoletanos, la sesión plenaria dejó una de cal y otra de arena en materia de impuestos. La coalición de gobierno aprobó una reducción adicional del 5% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Sin embargo, la oposición no tardó en calificar esta rebaja de mero espejismo publicitario, recordando que la carga impositiva en la ciudad ha alcanzado cotas históricas tras la implantación obligatoria de la tasa de basuras. El grupo municipal socialista insistió en que el Ayuntamiento rechazó la propuesta de compensar de forma equivalente este “tasazo” mediante una bajada del IBI verdaderamente sustancial. Por su parte, desde Valladolid Toma la Palabra (VTLP) se criticó con dureza el diseño de la nueva tasa de residuos al no tener en cuenta criterios de progresividad social, lo que acaba castigando con especial severidad a los hogares más pequeños y a los comercios de barrio con escaso volumen de desechos.

Esta contradicción fiscal coincide con un debate de cuentas en el que se constató una preocupante desconexión respecto al control del dinero público. Los informes de intervención revelaron un incremento del 14% en la contratación menor, con picos del 46% en el área de Alcaldía, y una subida del 250% en los procedimientos negociados sin publicidad, que superaron los cinco millones de euros. Se alertó de que entidades dependientes del consistorio fraccionan contratos para eludir los límites legales.

La “anti-okupación” de Vox frente al rescate del alquiler

La parálisis en las políticas de vivienda centró otro de los grandes choques del pleno. VTLP y el PSOE exigieron la reactivación urgente del Programa ALVA, un plan de intermediación pública que durante la anterior legislatura facilitó el acceso a un alquiler asequible a jóvenes y familias de rentas medias al ofrecer a los propietarios de pisos vacíos garantías municipales de cobro e incentivos fiscales. El equipo de gobierno decidió suspender el programa, argumentando que la ley estatal de vivienda de ámbito nacional generaba incompatibilidades jurídicas con la duración de los contratos. Para los miles de demandantes de vivienda protegida de Valladolid, el rechazo a reactivar este plan de choque supone perpetuar la asfixia del mercado de alquiler libre en los barrios.

En lugar de movilizar el parque residencial libre, el pleno aprobó la iniciativa de Vox para crear un servicio de asesoramiento contra la okupación ilegal de viviendas dentro de la sociedad municipal VIVA. La oposición criticó duramente que se destine presupuesto y personal a un problema que según los datos apenas afecta al 0,06% del parque de la ciudad, en su inmensa mayoría inmuebles de entidades bancarias. Del mismo modo, el bipartito rechazó una enmienda para que el Ayuntamiento, que posee el 37% de los terrenos de La Florida, lidere de manera directa a través de VIVA la construcción de 1.500 viviendas protegidas en dicho sector, prefiriendo aprobar una moción genérica que pasa la competencia al Gobierno central para que este agilice los desarrollos privados del suelo.

Las barreras a la integración ferroviaria: Ariza, Daniel del Olmo y Arco de Ladrillo

El debate de las infraestructuras ferroviarias y de movilidad urbana escenificó cómo la renuncia a la integración en superficie afecta de lleno a la vida de los barrios. VTLP y el PSOE exigieron retomar de manera urgente el convenio de integración ferroviaria firmado entre el Ministerio de Trasportes, ADIF, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento. Dicho convenio contemplaba obras cofinanciadas al 75% por la administración central y autonómica, lo que implicaba que Valladolid solo debía aportar 20 millones de un total de 90 presupuestados para ejecutar pasos subterráneos vitales como los de Unión-Pelícano o el nuevo túnel de conexión para vehículos en la zona de Ariza. Al rechazar el equipo de gobierno de PP y Vox avanzar en estas actuaciones para no interferir en su promesa electoral de soterramiento total, zonas residenciales como La Farola y la Ciudad de la Comunicación continúan con grandes problemas de movilidad.

Esta parálisis y falta de proyecto definitivo tiene en coma a dos viaductos estratégicos de la ciudad. Por un lado, el viaducto de Arco de Ladrillo seguirá en pie a pesar de presentar nuevas grietas estructurales solo unos meses después de una rehabilitación de emergencia que costó más de dos millones de euros de dinero público. Por otro lado, los socialistas acusaron al Ayuntamiento de abandonar el viaducto de Daniel del Olmo, una arteria crucial para la conexión de Argales que permanece cerrada al tráfico de vehículos pesados desde 2023 por su grave estado de conservación. El propio concejal de Tráfico del PP admitió que para mejorarlo habrá que demolerlo, justificando que no realizarán ninguna intervención urgente en el viaducto para no perjudicar planes de soterramiento futuros. El resultado es un viaducto en Argales al borde del colapso y sin partidas presupuestarias reales ejecutadas para resolver la movilidad de los trabajadores.

El padrón fraudulento y las grietas de la Zona de Bajas Emisiones

El pleno ordinario de mayo también sirvió para aprobar una propuesta de Vox orientada a crear un protocolo estricto que controle administrativamente el padrón municipal para perseguir empadronamientos supuestamente fraudulentos. La oposición denunció que se trata de un protocolo innecesario y discriminatorio que dificulta la regularización de familias vulnerables e inmigrantes. Además, desde el Partido Socialista afearon la contradicción del alcalde Carnero, señalando que estuvo empadronado de forma presuntamente irregular en la capital para concurrir a las elecciones municipales mientras su domicilio real se ubicaba en una urbanización de Simancas.

Por último, el debate del transporte público y la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) desnudó por primera vez de forma abierta las discrepancias internas del bipartito local. Tras declarar el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que es nula la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), Vox instó al pleno a suspender inmediatamente las multas y el régimen sancionador. Sin embargo, la abstención del PP frustró la medida del que es su socio en el gobierno municipal, dejando a los conductores en un limbo de multas que se siguen tramitando a pesar de la nulidad de la ordenanza. Para colmo de contradicciones, mientras se debate una movilidad sostenible de despachos con un foco institucional desplazado hacia la política nacional, los usuarios de la bicicleta pública BIKI dividen su experiencia entre la alta demanda y la precarización real del servicio, al encontrarse de forma constante con fallos de anclaje, baterías muertas o peligrosas ruedas desgastadas que el gerente de AUVASA restó importancia definiendo como un problema simplemente estético.

Al apagarse las luces del consistorio, la realidad que espera a los vallisoletanos al salir a la calle sigue siendo de asfalto y vía muerta. Entre rebajas fiscales que se diluyen ante tasas obligatorias, proyectos habitacionales bloqueados y viaductos estratégicos en coma, el día a día revela una desconexión vecinal cada vez más evidente. Valladolid corre el riesgo de congelar su presente a la espera de quimeras futuras: una ciudad gobernada con un foco institucional desplazado hacia la política nacional, pero donde los vecinos, al salir de sus portales en La Farola, Argales o la Ciudad de la Comunicación, se siguen topando con las mismas grietas, las mismas goteras y las mismas barreras de siempre.