La vida en el centro: Cuando lo primero es antes

Si Emiliano Zapata viviera hoy en Valladolid, o en cualquier otra de nuestras ciudades, seguramente cambiaría su histórica frase “la tierra es para quien la trabaja” por “la ciudad es para quien la habita”.

Con esta imagen pretendo abrir una reflexión sobre algo que me preocupa desde hace tiempo y que, por suerte, cada día está más de actualidad: el sacrificio al dios mercado de la vida en nuestros municipios. Por fin en algunas ciudades especialmente turísticas, que ya son víctimas de su propio éxito, la ciudadanía ha empezado a poner pie en pared. Han comprobado que cuando vivir en ellas se vuelve difícil, o directamente imposible, para quienes las sostienen, algo esencial se rompe.

La política municipal debería centrarse en garantizar el bienestar de quienes habitamos el territorio de manera permanente; de quienes construimos comunidad y sostenemos nuestros barrios con trabajo, cuidados e implicación en la vida cotidiana. Sin embargo, asistimos desde hace años a una deriva preocupante, ya que, lejos de concebirse como espacios de convivencia, muchas ciudades se convierten en productos de consumo en sí mismas, diseñadas para una mirada externa, efímera y, a menudo, profundamente extractiva.

Una dinámica impulsada por responsables institucionales más preocupados con el afán de lograr una “ciudad atractiva” que por conseguir que la vida de quienes vivimos en ella sea un poco mejor. Valladolid es un ejemplo claro de esta visión, consolidada a través de apuestas como la concejalía de Eventos y Marca Ciudad. Nos hemos acostumbrado a que nuestras ciudades compitan por ser el mejor escenario, dedicando presupuesto público a publicitarse en el circuito turístico o para conseguir unos ansiados megaproyectos empresariales que, la mayor parte de las veces, acaba convertido en humo. Y ojo, porque esto no solo lo hacen los gobiernos de ideología más conservadora.

No se trata de demonizar el turismo ni de renegar de la prosperidad o de la atracción de actividad económica. El problema surge cuando el visitante deja de ser huésped para convertirse en agente de desplazamiento, cuando lo que está por venir se prioriza sobre lo autóctono. Cuando se rompe el equilibrio y los intereses económicos a corto plazo se imponen sobre el derecho a una vida digna.

El acceso a la vivienda es el síntoma más evidente de este fenómeno. Los precios del alquiler han alcanzado niveles inasumibles. Viviendas que durante décadas fueron hogares se convierten en alojamientos temporales, gestionados por plataformas digitales que operan en una lógica global, ajena a las particularidades de nuestros barrios. La consecuencia es clara: vecinos y vecinas que se ven obligados a marcharse, zonas que pierden su identidad y centros históricos que se vacían de vida real para llenarse de tránsito efímero.

Pero no es solo una cuestión de vivienda. Es también la transformación del tejido comercial, donde los negocios tradicionales ceden su espacio a franquicias o tiendas orientadas exclusivamente al visitante. Es la pérdida de servicios esenciales, que dejan de ser rentables frente a actividades más lucrativas. Es la saturación del espacio público y la dificultad para transitar, descansar o convivir con normalidad. ¿No es esta la misma sensación que tenemos hoy al caminar por el centro, o por calles de nuestros barrios que en otros tiempos estaban llenas de vida vecinal?

En este contexto, mi reivindicación es profundamente política: ¿para quién se gobiernan nuestras ciudades? ¿Quién tiene derecho a decidir sobre su presente y su futuro?

Sabemos que el mercado no cede fácilmente y que su inercia convierte todo en oportunidad de negocio, invocando argumentos como la libertad económica o el progreso para frenar cualquier límite. Pero esos conceptos nunca deberían situarse por encima del derecho colectivo a habitar, usar y transformar el espacio urbano de manera justa.

Ante esto, la ciudadanía debe ejercer al máximo su capacidad de organización, de propuesta y de presión. La voz de las asociaciones vecinales y los colectivos sociales es imprescindible para equilibrar el peso de quienes tienen mayor influencia institucional gracias a su capacidad económica. Porque la ciudad no pertenece a quienes pueden rentabilizarla mejor, sino a quienes la vivimos, la cuidamos y la hacemos posible cada día.

Recuperar esta ideaimplica un cambio cultural. Implica defender que el bienestar se mide en la calidad de vida, en los servicios públicos, en la limpieza viaria, en nuestros espacios verdes, en una movilidad urbana pensada para el vecino, o en una gestión del agua pública sin ánimo de lucro.

“La ciudad es para quien la habita” no es un simple eslogan; es una reivindicación ética. Es el momento de reclamar el derecho a vivirla en condiciones dignas, de recordar que las calles tienen memoria y que los barrios tienen alma. Hay que poner la vida en el centro y decir que no todo vale, que no todo puede comprarse ni venderse. Porque, como dice un viejo y sabio sindicalista, lo primero es antes.